Murcia, 12 dic (EFE).- El caso de las presunta trama de corrupción urbanística, que afecta a Librilla y que puede extenderse a otros municipios, fue destapado por un detective privado que se presentó en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil con un dossier informativo.
El detective, N.L., radicado en Madrid, se presentó en las citadas dependencias el 13 de marzo de 2007, según consta en uno de los documentos sobre los que se ha retirado el secreto por el Juzgado de Instrucción que investiga los hechos y a los que ha tenido acceso EFE.
En el escrito en el que el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil deja constancia de la presencia de este detective privado, se indica que el mismo "presentó un dossier relativo a la posible existencia de supuestas irregularidades urbanística en el Ayuntamiento de Librilla y otros de la Comunidad Autónoma de Murcia".
Los agentes hacen constar en el documento que al compareciente se le ofreció la posibilidad de formular una denuncia formal sobre los hechos contenidos en su informe, que no fue aceptada.
En base a los datos aportados, la Guardia Civil abrió una investigación, cuyos primeros resultados plasmaron en un informe suscrito los días 19 y 20 de marzo de 2007 y en el que se hace "una primerísima valoración de la noticia recibida".
En el documento aparecen ya los nombres de la empresa "Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI), en la que figura como administrador uno de los principales imputados, Domingo Peñalver Rojo, e Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), en la que aparece como presidente el alcalde de la localidad y también imputado, José Martínez García, del PP.
También se hace constar el nombre del funcionario de la Comunidad Autónoma actualmente en situación de excedencia José Luis Cano Valverde, fundador, junto con su esposa, de la sociedad "Control y Gis, S.L", ambos imputados en el caso.
Ya entonces, los agentes pudieron comprobar las conexiones existentes entre las dos sociedad y sus responsables, sobre las que habían sido alertados por el informe entregado por el detective privado.
Los investigadores afirman en este primer informe que "se ha podido comprobar que, al menos en dos publicaciones de anuncios de contratación pública de la Región de Murcia en los que ACADI se presenta como licitador, se omite el nombre de la sociedad, que se reseña solamente por su CIF".
Este hecho lleva a pensar a la Guardia Civil que "podría estar encaminado a evitar el descubrimiento de forma automática de tales adjudicaciones a través de una sencilla búsqueda telemática."
Otro de los nombres que aparece es el del igualmente investigado por este caso de presunta corrupción José Andrés Cortés, consejero delegado y secretario de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL).
Los agentes recogen también en este atestado inicial "las coincidencias de domicilios y órganos sociales de determinadas empresas que parecen sugerir algún tipo de relación entre ellas".
Asimismo concluye que "podríamos estar delante de algún tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos a la empresa ACADI por parte de la consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, pues dicha sociedad pudiera estar relacionada con José Luis cano, el cual ocupa un cargo público en dicha Consejería".
Los agentes continuaron sus investigación durante varios meses y recopilaron nuevas pruebas que aportaban indicios sobre la supuesta trama de corrupción urbanística y que llevó a prisión a varias personas, entre ellas, el alcalde, José Martínez; el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y José Luis Cano. EFE